Los verdaderos encapuchados (Los de cuello y corbata)

quinta region | ensayos | estudio Tuesday October 11, 2011 06:01 by Hernán Montecinos - Sociedad de Escritores de Chile (SECH) hernancho210 at hotmail dot com www.hernanmontecinos.com 32-22493976

Los verdaderos encapuchados actúan embozadamente desde los directorios de las grandes empresas y desde el mismo palacio de La Moneda

Los medios de comunicación se ensañan cargando las penas del infierno en contra de jóvenes encapuchados que, infiltrados en las protestas, cometen actos de violencia, dando rienda suelta a una acumulación de resentimientos en contra de una sociedad que los ignora y desprecia.

Muy pocos especialistas se han preocupado de desentrañar las causas que los impulsan a tener tales comportamientos. Se centra la atención, sólo en las manifestaciones finales de un problema cuyas causas van mucho más allá de sus propios efectos. Se monta todo un barullo sin entrar a pensar en los orígenes que explican el fenómeno político-social a que derivan tales actos de violencia.

Como derivado, la mirada social clama mayor represión para poner coto a dichos comportamientos. Se piensa en el subconsciente que, poco menos, es una condición genética lo que lleva a estos jóvenes a manifestarse de dicho modo.

Desde la cuna, a la niñez, y desde la niñez a la adolescencia, la sociedad no les ha dado posibilidad de salir del estado de marginalidad en que se encuentran. La pobreza, el alcoholismo, la drogadicción, la ausencia de imagen paterna/materna, la violencia intrafamiliar, una cesantía que se les ha vuelto congénita, y el ambiente de delincuencia en que han vivido desde siempre, es lo único que han conocido como modo de vida. Hacinados en las periferias de las grandes urbes, la opulencia de centros comerciales y barrios acomodados de sus propias ciudades la sienten como un insulto, un escarnio al estado de pobreza y condición marginal en que viven en sus barrios.

Con un facilismo que asombra se pretende poner coto a esta violencia con más leyes represivas, como si la represión fuera el único recurso para solucionar un problema que tiene raíces sociológicas más complejas y profundas. Hoy, se estigmatiza todo esto centrando la condena social en los jóvenes que se infiltran y encapuchan en las movilizaciones sociales. Dicha imagen se ha transformado en todo un ícono, un símbolo de negatividad, para mostrar el lado oscuro de la sociedad, un fenómeno social del cual nadie quiere responsabilizarse. Las redes institucionales y los políticos de turno han desatendido el problema que subyace en su fondo, verdadera lacra social negadora de fundamentales derechos para una ingente masa de jóvenes.

El problema no es de la sociedad, se dice, es propio de un comportamiento individual, de un hábito delincuencial congénito. En efecto, el imaginario social, a caballo con los mensajes de los medios de comunicación, se remite sólo a condenarlos, ignorarlos y socialmente despreciarlos. Se clama, por tanto, como solución, invisibilizarlos, arrinconarlos a los extramuros de las ciudades. Y si sus quejas empiezan a producir demasiada perturbación, se exige la cárcel, como punto de cristalización a vidas malhechoras que se supone no tienen vuelta.

Y si bien, la sociedad se empecina en invisibilizarlos, sin embargo, en los días de movilización y protestas, se desata un desenfrenado morbo comunicacional, asumiéndose el caso como algo exótico a nuestra comodidad burguesa, referenciándola sólo a modo de una noticia plañidera de condena.

En efecto, la actual discusión sobre las infracciones juveniles, sobre todo, la de los encapuchados, limita su causa a las decisiones individuales de cada cual, como si el entorno social en que habitan no tuviera ninguna influencia. Por tanto, la solución del problema se plantea desde un punto de vista puramente penal, desatendiendo el carácter de marginalidad social en que el fenómeno se expresa. En tal virtud, se desvinculan los delitos del verdadero contexto en que éstos se incuban, específicamente, como consecuencia de un sistema socioeconómico neoliberal, del cual deriva un carácter inequívocamente segregador y clasista, un sistema incapaz de dar solución a sus propios engendros.

Por esta vía, a estos jóvenes, abandonados por el Estado Subsidiario, se les ignoran sus dinámicas culturales de formación de identidad y lazos de pertenencia. La marginación estructural en que viven implica un acceso nulo o decreciente a los recursos y oportunidades socioeconómicas que el tejido institucional ofrece. De este modo, se da curso a un escenario de precariedad general, caldo de cultivo para acceder, por medio del delito, a los recursos y oportunidades que el medio reiteradamente les niega.

Ahora bien, llegado a este punto, interesa poner atención a otra clase de encapuchados, aquellos a los cuales los medios de comunicación ni siquiera nombran, aquellos que ejercen libremente el ejercicio del robo y la especulación sin que nadie los detenga. No ejercen una violencia ocasional, como la de los jóvenes que se encapuchan, al contrario, es una violencia ejercida los 365 días del año. Una violencia que no consiste en forzar físicamente a un individuo o grupo a hacer o pensar determinada cosa en contra de su voluntad, como, por ejemplo, la violencia simbólica y mediática que nos vemos obligados a soportar a través de los medios de comunicación.

En este contexto, en una sociedad dividida en clases, el interés de la élite empresarial es hacer aparecer su dominación -su violencia hacia los demás- como algo natural y hasta transparente. Entre menos sea percibida como violenta la situación en la que se encuentra el sometido, más efectivo será el mecanismo opresor. De este modo, ciertas concepciones opresoras -y por tanto, violentas- se han "liberado" de su sustrato físico para interiorizarse en la manera como pensamos y actuamos en el medio social. Así, las relaciones de explotación son embelesadas con una retórica que nos hace perder de vista su verdadero contenido. Inconscientemente, asumimos este tipo de violencia como algo natural, como si nos fuera tan propia como nuestra piel.

Esta violencia, a primera vista, no es una violencia física directa como la que puede producir una pedrada de un encapuchado en los días de protesta, sino una violencia sibilina, una violencia hipócrita que se ejerce sobre nosotros diariamente. No hay posibilidad ni siquiera de una pequeña tregua, tenemos que bregar con ella las 24 horas del día. Es una violencia subrepticia, subliminal y también física, toda vez, que al final del día terminamos con una depresión que debilita nuestro ánimo y nuestro propio cuerpo; una violencia lenta pero efectiva que va minando poco a poco nuestra calidad de vida.

En todo caso, no se vaya a creer que la violencia producida por la usura y especulación empresarial, es sólo simbólica, hipócrita y sibilina, al contrario, también ejerce la violencia física directa a través de la policía y la misma fuerzas armadas, en el momento en que sus mezquinos intereses se ven amenazados. Una historia plagada de masacres en nuestro país da cuenta de la violencia física ejercida en contra de nuestro pueblo: la masacre de Ranquil, de la Escuela Santa María, las del golpe de Estado del 73, La Coruña, etc. Sacar el mejor lucro posible para favorecer a unos pocos, ha sido la impronta de una historia plagada de sangre y dolor por la violencia ejercida contra el pueblo para defender mezquinos intereses de una elite privilegiada.

Pero, ¿quiénes son estos encapuchados?, ¿En dónde podemos encontrarlos?

Estos encapuchados son aquellos que están en los directorios de los bancos y financieras, en los directorios de los retails, en los directorios de las Isapres, de las AFP, de las cadenas farmacéuticas, de las multinacionales cupríferas, etc. Con sus políticas de lucro, de usura y especulación, alcahueteados por una fauna de carroñeros criollos (clase política, abogados, jueces, empresarios, lobistas, etc.), dictan leyes a la medida de sus mezquinos intereses para cubrir con un manto de legalidad el cogoteo a diario a que nos someten.

Estos encapuchados, (de cuello y corbata) cuentan con sofisticadas y poderosas herramientas para hacernos objetos de sus robos y escamoteos. Los recursos que más utilizan son, entre otros, la usura, la especulación, los intereses, y los intereses sobre los intereses. Términos que son todo un eufemismo para evitar reconocer que lo que están haciendo contra la gente es un vulgar robo.

Cuentan a su favor con el estado de derecho, el parlamento y los medios de comunicación. Y esto, sin olvidar a la justicia, esa parte de la institucionalidad que tiene por función cubrir con un manto de impunidad todos los robos de que nos hacen objeto. Si esto no fuera así, que alguien explique racionalmente el porqué el Estado de derecho produce efectos tan inequitativos y clasistas como los ejemplos siguientes:

Marcha de Estudiantes: 527 detenidos en 8 horas
Caso La Polar: 0 detenidos en 3 meses
Colusión de Farmacias: 0 detenidos en 7 meses
Lucro Ilegal en Universidades Privadas: 0 detenidos en 30 años.

Por cierto hay casos más patéticos. Un músico adicto a las drogas condenado a 3 años de cárcel por entrar al sitio de su vecina y robarse un pijama. Un joven poblador por vender discos piratas en la feria enviado a la cárcel en donde muere calcinado junto a otros 80 reos. Como contrapartida, el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, el peor asesino que ha conocido la historia de Chile, el personaje más vil e hipócrita jamás antes conocido, y más aún, un cobarde, ladrón y corrupto, no sufrió ningún día de cárcel. Ese es el Estado de derecho que rige en nuestro país, amparo para los ricos y poderosos y toda la rigurosidad penal para los pobres y menesterosos. Sin duda, una institucionalidad y una justicia inequitativa y clasista, que, a estas alturas, la hacen poner en una posición de estado de derecho ilegítimo.

Esta violencia hipócrita y sibilina la experimentamos diariamente cuando compramos con tarjetas de créditos, cuando pagamos los remedios en las farmacias, cuando pagamos los aranceles en colegios y universidades, cuando pagamos nuestros impuestos, cuando pagamos nuestros préstamos bancarios, cuando pagamos los servicios de agua, luz, y teléfonos, etc.

Sobre esto, no hay que ser un especialista de las matemáticas para darnos cuenta de este tipo de violencia. En efecto, viene el fin de año, y el reajuste de sueldos de los jubilados apenas si pasará poco más del 3%, y el de los empleados públicos, podrá alcanzar, con suerte, el 6%. Si estas cifras las comparamos con el 70% de aumento de las utilidades de las Isapres, utilidades no de un año, sino solo del primer semestre, queda en evidencia que nuestra sociedad se encuentra muy mal conformada en su estructura basamental. Sobre todo, su estructura económica, en donde las leyes y todo el entramado del Estado de derecho, está conformado para favorecer la usura y especulación de una clase empresarial privilegiada.

Y si desde las Isapres se produce este robo, en los bancos y financieras no podría andar peor la cosa. Por nuestros depósitos el banco nos otorga, a lo más, un 0.4% de interés mensual (5% anual). Esa misma plata el banco la presta a otros, aplicando una tasa máxima preferencial de un 50% de interés al año. O sea cobra un interés 10 veces mayor a la que nos paga como depositantes. Negocio redondo por donde se le mire, gracias a un acto de especulación y rapiña a vista y paciencia de una institucionalidad que hace la vista gorda de este verdadero despojo. Ni hablar si nos atrasamos en el pago de alguna cuota, para el caso, empiezan a operar los intereses sobre intereses, sin perjuicio de costos de cobranza y administración y toda clase de martingalas para hacer subir la deuda. Por esta vía, fácilmente, el interés anual de 50% puede llegar hasta un 100% o más. El caso de La Polar es un claro ejemplo de esto.

Ahora bien, este saqueo de que somos objeto no sólo se encuentra avalado por la justicia, el parlamento y el estado de derecho, sino también por los nexos de relación que existen entre la clase empresarial con los actuales inquilinos que se encuentran aposentados en el propio palacio de La Moneda

El 10º Juzgado Civil de Santiago condenó a Cencosud por cobros abusivos de intereses aplicados con las tarjetas de crédito Jumbo Más, rechazando la cláusula 16 del reglamento de uso de la tarjeta que posibilitaba a la empresa modificar las condiciones de cobro de sus comisiones e intereses. El mismo día de la sentencia el ex director del Sernac, José Roa recordó que cuando el organismo presentó la demanda, el actual ministro de minería Laurence Golborne (con pretensiones presidenciales) era el gerente general y el actual ministro de Justicia, Felipe Bulnes, era el abogado que los defendía.

En casos parecidos se encuentra la situación del ministro de Planificación, Joaquín Lavín, y el ministro secretario general de gobierno Cristian Larroulet, vinculados con una Universidad privada que ilegítimamente ha hecho uso y abuso del lucro, a pesar de que las leyes vigentes expresamente así lo prohíben. A su vez, consta la relación que tuvo el actual ministro de Transporte Pedro Pablo Errázuriz, con la empresa autobusera TUR Bus, y así sucesivamente.

La guinda de la torta la encontramos personificada en el propio presidente de la república, Sebastián Piñera Echeñique. Sabemos de su incontinencia bursátil resistiéndose a alejarse del mundo empresarial desde que asumió la presidencia. En el imaginario social existe razonable duda de cómo es que se ha enriquecido tanto y tan rápidamente. Desde el affaire con Ricardo Claro, respecto de la introducción en Chile de las tarjetas VISA, pasando por dos sendas millonarias multas, tanto acá en Chile como en Estados Unidos, por infracciones a las normas de la empresa LAN Chile, y ese feo asunto del Banco de Talca, por ordenar, en su calidad de gerente general formar empresas de papel para hacer aparecer con un mayor capital a dicho banco y así poder obtener préstamos. También ha habido razonable sospecha de que se ha valido de información privilegiada, expresamente tipificado como delito, para mediante la compra y venta de acciones en la Bolsa, de la noche a la mañana obtener subidas ganancias.

Entonces, como conclusión, podemos deducir que los robos y saqueos de que somos objeto los ciudadanos de a pie por la elite empresarial, ha sido posible no sólo por obra y gracia de los encapuchados de cuello y corbata que se refugian en los directorios de las grandes empresas, sino también por otros encapuchados de la misma laya, que actúan ya sea directamente, o ayudando a encubrir los actos de especulación y saqueo, parapetados en el parlamento y hasta en el mismo palacio de La Moneda.

Así, podemos concluir diciendo que el Estado de derecho, se ha convertido en el mejor aliado del poder empresarial, al cubrir con un manto de impunidad los robos y cogoteos de que somos víctimas. Una clase empresarial que, empinada en la cúspide del poder, todo lo crea y ordena a su más entero arbitrio, subordinando, incluso hasta el propio poder político y judicial respectivamente. Una aseveración nada nueva, toda vez que ya en su oportunidad lo dijo Carlos Marx cuando en El Capital desentrañó el movimiento del dinero al interior de la sociedad capitalista, esto es, en lo principal, que el poder económico (infraestructura), subordina el comportamiento de las demás actividades humanas (superestructura). Claro está, si gracias al viejo Marx esto ya lo sabíamos, lo nuevo está en que este hecho de la realidad, en nuestra sociedad chilena, ahora, se ha hecho más patente que nunca.

Mucho más lejos aún. en graficar este cuadro, ha sido Héctor Kohl, quien en un artículo “Chile es un Estado corrupto”, nos recuerda que ello se debía a que su organización “deviene de una Constitución Política fascista: sobre la que han jurado todos los Presidentes de la post-Dictadura, todos los Parlamentarios, todos los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas…”

Argumentaba, más adelante, que: “su cuerpo político es corrupto, que sus tres Poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) son corruptos, que nos Gobierna y que legisla sobre nuestro comportamiento un montón de sinvergüenzas que parecen distintos entre sí, pero que pertenecen a la misma clase: la de los ladrones, la de los explotadores, la de los que nos han robado SIEMPRE y que ahora suman una camarilla de “renovados” seguidores de las tesis de Gramsci, con cartones de sociólogos colgados en sus oficinas y con doctorados (obtenidos en las Universidades europeas donde vivieron su exilio) usados para actuar de “lobistas” de McDonald, de METALPAR o de la EXXON”

Y, para rubricar, agregaba, que: “además de estar organizados en torno a una Constitución fascista, hay otras razones para que nos hayamos convertido en esto”. Entre esas razones postula una hipótesis central: que todo esto proviene “de una situación basal: la clase de Poder Ejecutivo que tiene nuestro Estado, un poder Ejecutivo corrupto”.